La renovación del visado L-1 o E-2 podría dejar de ser un trámite de continuidad. El 14 de octubre de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una propuesta para que USCIS deje de respetar sus propias aprobaciones anteriores cuando una empresa pide prorrogar a un trabajador o inversor. Si la norma se aprueba, cada prórroga se revisará como si el caso fuera nuevo, aunque nada haya cambiado. El plazo para presentar comentarios termina el 13 de noviembre.

Qué es la «deferencia» y por qué importa en la renovación del visado L-1

Cuando USCIS aprueba una petición en el formulario I-129, como un L-1 para un directivo trasladado o un E-2 tramitado dentro de Estados Unidos, esa aprobación ha tenido hasta ahora un efecto práctico: si la empresa pide una prórroga con las mismas partes y los mismos hechos, el funcionario parte de la decisión anterior. Solo puede apartarse de ella si hubo un error material, si las circunstancias cambiaron o si aparece información nueva que afecte a la elegibilidad.

Esa regla tiene una historia accidentada. USCIS la adoptó en un memorando de 2004, la revocó en octubre de 2017, la restableció en su Manual de Políticas en abril de 2021 y, en diciembre de 2024, la incorporó al reglamento en el 8 CFR 214.1(c)(5), con la llamada regla de modernización del H-1B. Así lo resume la propia propuesta de DHS.

Qué propone exactamente DHS

La propuesta, titulada «Removing Deference to Prior USCIS Determinations of Eligibility» (91 FR 65119, expediente USCIS-2026-0529), elimina ese apartado del reglamento. Según el texto publicado, el cambio se aplicaría a todas las solicitudes presentadas en el formulario I-129. La lista de categorías afectadas es amplia: E-1, E-2, E-3, H-1B, L-1, O-1, P, TN, entre otras.

DHS justifica la medida en la integridad del sistema y la protección de los trabajadores estadounidenses. Según el análisis del bufete Samper Law, la propia agencia calcula que unas 208.000 peticiones al año, alrededor del 30 % de todos los I-129, se benefician hoy de la deferencia, y prevé un aumento de los requerimientos de pruebas adicionales (RFE). Ese mismo análisis advierte que DHS reconoce que sus datos de incumplimiento no aíslan el efecto de la deferencia.

Qué cambiaría en la práctica en la renovación del visado L-1 y E-2

• Cada prórroga partiría de cero. Que USCIS aprobara el L-1 hace dos años no impediría que ahora cuestione si el puesto es realmente directivo o si existe la relación entre empresas que exige la ley.
• Más requerimientos y más tiempo. Un RFE alarga el trámite durante semanas o meses, con el trabajador pendiente de su estatus.
• La carga de la prueba vuelve a ser completa. El expediente de la prórroga tendría que defenderse por sí solo, sin apoyarse en lo que ya se aprobó.

En la renovación del visado L-1, el efecto es especialmente relevante. Las empresas que trasladan directivos o especialistas desde su matriz extranjera suelen renovar varias veces, y cada renovación quedaría expuesta a una nueva interpretación de los mismos hechos.

¿Afecta a los españoles que renuevan el E-2 en Madrid?

Aquí hay que matizar los titulares. La mayoría de los inversores E-2 españoles renuevan su visado en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, ante el Departamento de Estado, y no mediante un I-129 ante USCIS. La propuesta modifica el reglamento de USCIS, de modo que el efecto directo recae sobre los E-2 que prorrogan o cambian su estatus dentro de Estados Unidos. Las renovaciones consulares se rigen por las normas del Departamento de Estado, y el cónsul ya examina cada solicitud por sus propios méritos.

Dicho esto, la orientación de la propuesta es clara: más escrutinio y menos continuidad automática. Un expediente E-2 que se renueva confiando en que «ya se aprobó una vez» es un expediente débil, se presente donde se presente.

Qué está en vigor hoy y qué conviene hacer

Se trata de una propuesta. Mientras DHS no publique una norma definitiva, el 8 CFR 214.1(c)(5) sigue vigente y USCIS debe aplicar la deferencia. No hay calendario oficial para la norma final, y la propuesta no aclara cómo se tratarían las peticiones pendientes cuando entre en vigor.

Mientras tanto, recomendamos tres cosas:

• Revisar el calendario de prórrogas. Las peticiones I-129 pueden presentarse hasta seis meses antes del vencimiento. Si una renovación vence en 2027, puede interesar presentarla mientras la deferencia siga vigente.
• Preparar cada prórroga como si fuera la primera petición. Organigramas, funciones, nóminas, contratos y pruebas de actividad actualizados.
• Presentar comentarios si la medida le afecta. Empresas y particulares pueden opinar en regulations.gov (expediente USCIS-2026-0529) hasta las 23:59, hora del Este, del 13 de noviembre de 2026. DHS no acepta comentarios por correo electrónico ni postal.

Preguntas frecuentes

¿Ya está en vigor el fin de la deferencia de USCIS?

No. Es una propuesta publicada el 14 de octubre de 2026. Hasta que DHS apruebe una norma final, USCIS sigue obligado a respetar sus aprobaciones anteriores en las prórrogas con los mismos hechos.

¿Afecta a la renovación del visado L-1?

Sí. La propuesta alcanza a todas las solicitudes del formulario I-129, entre ellas L-1, E-1, E-2, H-1B, O-1, P y TN. El efecto práctico se concentra en las prórrogas de estatus dentro de Estados Unidos.

¿Cambia algo para quien renueva el E-2 en la Embajada de Madrid?

No directamente, porque la renovación consular la decide el Departamento de Estado. Pero conviene preparar cada renovación con la misma solidez que la solicitud inicial.

¿Cómo se presentan comentarios?

Únicamente a través de regulations.gov, en el expediente USCIS-2026-0529, hasta el 13 de noviembre de 2026.

Casi 30 años preparando visados de inversión y traslado

En Mercado & Rengel llevamos casi 30 años tramitando visados E-2, L-1 y otras categorías para empresas e inversores, con oficinas en Boston, Miami y Madrid. Si su empresa tiene trabajadores con L-1 o inversores con E-2 que deben renovar en los próximos meses, podemos revisar el expediente antes de presentarlo. También puede escribirnos por Telegram.

Esta entrada resume una propuesta normativa publicada en el Federal Register y análisis públicos sobre ella, y constituye información general sobre derecho de inmigración estadounidense. No es asesoramiento legal ni crea una relación abogado-cliente. La propuesta puede modificarse antes de su aprobación definitiva.