La extradición de La Güera, Shirley Yesenia Gómez Parra, puede convertirse en la primera entrega de una mujer costarricense a Estados Unidos. Un tribunal de San José la aprobó en septiembre, pero la defensa apeló y la entrega está suspendida. El recurso plantea una pregunta que divide a los tribunales costarricenses desde 2025: ¿puede extraditarse a un costarricense por hechos que, según la defensa, empezaron antes de la reforma constitucional que lo permite?

Extradición de La Güera: quién es y qué le imputa Estados Unidos

Gómez Parra, de 39 años, está acusada ante el Tribunal Federal del Distrito de Arizona junto con su pareja, Frankin Viveros Viveros, de 50 años. Viveros nació en Colombia y tiene la nacionalidad costarricense por naturalización. Según el Tico Times, ambos figuran en una acusación de un gran jurado federal de Arizona fechada el 1 de octubre de 2025, en la causa United States v. Arredondo et al., que incluye a seis acusados. El cargo que describe la prensa es la conspiración para distribuir cocaína sabiendo que sería introducida ilegalmente en Estados Unidos.

La investigación de la DEA se apoya, según esas fuentes, en grabaciones de un informante y en compras encubiertas. CRHoy informó que la DEA grabó a la acusada negociando un envío de 100 kilos de cocaína con destino a Arizona. El Tico Times menciona además una incautación de 273 kilos en dos vehículos en agosto de 2024. Ambos fueron detenidos en marzo de 2026, según Teletica y Infobae; ella en la zona fronteriza con Panamá. Los vínculos con carteles que mencionó la Fiscalía costarricense en ese momento son afirmaciones de la acusación, no hechos probados.

Lo que decidió el tribunal y lo que alega la defensa

El 14 de septiembre, el Tribunal Penal de San José aprobó la extradición de los dos acusados. La defensa apeló dentro del plazo de tres días y, mientras el recurso no se resuelva, ninguno puede ser entregado, según CRHoy y el Tico Times. La apelación tiene dos argumentos principales:

• Retroactividad. La defensa sostiene que la conducta comenzó en julio de 2024, casi un año antes de que la reforma constitucional permitiera extraditar a costarricenses.
• Actuación de la DEA. Las compras encubiertas en Costa Rica se habrían hecho sin un convenio formal de cooperación avalado por la Cancillería.

El tribunal rechazó ambos argumentos. Sobre el primero, consideró que el narcotráfico es un delito de carácter continuado y que la solicitud estadounidense describe actividad hasta el 1 de octubre de 2025, es decir, después de la reforma. Sobre el segundo, entendió que la validez de la prueba obtenida por la DEA corresponde decidirla al tribunal de Arizona en el juicio, no al juez de extradición.

La pregunta central: ¿se aplica la reforma a hechos anteriores?

Hasta 2025, la Constitución de Costa Rica prohibía extraditar a sus nacionales. La reforma del artículo 32, que entró en vigor el 28 de mayo de 2025, permite hacerlo en casos de narcotráfico y terrorismo, como explicamos en nuestro análisis sobre la extradición desde Costa Rica a Jacksonville. Pero el artículo 34 de la misma Constitución prohíbe aplicar leyes de forma retroactiva en perjuicio de una persona. La cuestión es cuál de las dos normas prevalece cuando los hechos son anteriores a la reforma.

Los tribunales costarricenses no han respondido de forma uniforme:

• Celso Gamboa y Edwin López Vega. Un tribunal de apelación de San José confirmó su extradición porque la conducta atribuida se extendía más allá de mayo de 2025. El mismo tribunal bloqueó la de un tercer requerido, Jonathan Álvarez Alfaro, porque todos los hechos que se le imputaban eran anteriores a la reforma, según el Tico Times. Gamboa y López Vega fueron trasladados a Texas el 20 de marzo de 2026, en lo que Al Jazeera describió como la primera extradición de un costarricense a Estados Unidos.
• Gilberth Bell Fernández, «Macho Coca». En marzo de 2026, un juez rechazó su extradición porque los hechos, ocurridos entre 2022 y 2023, eran anteriores a la reforma, según El Observador. En junio, un tribunal de apelación de San José revocó esa decisión, y en agosto Bell fue entregado al Distrito Sur de Nueva York, según el Tico Times. Los fundamentos de la revocación no se han difundido.
• La Procuraduría. En una columna publicada en La Nación, una abogada de la Procuraduría General describió dos líneas jurisprudenciales enfrentadas: una restrictiva, que solo admite extraditar por hechos posteriores a mayo de 2025, y otra permisiva, adoptada por un tribunal de apelación de Cartago.

La Sala Constitucional rechazó en 2025 una acción contra la extradición de nacionales, pero lo hizo por motivos procesales, sin pronunciarse sobre el fondo de la retroactividad.

Por qué el «delito continuado» puede decidir la extradición de La Güera

En la extradición de La Güera, el debate no gira tanto sobre si la reforma es retroactiva como sobre qué fecha se toma en cuenta. En el derecho federal estadounidense, una conspiración es un delito que continúa mientras dura el acuerdo, y las acusaciones suelen describir un periodo amplio, con fechas aproximadas. Si la acusación de Arizona fija el final de la conspiración en octubre de 2025, el tribunal de San José puede razonar que hubo conducta posterior a la reforma.

La distinción que trazó el tribunal en el caso Álvarez Alfaro apunta a otra lectura: lo relevante serían los actos concretos atribuidos a cada persona, no la duración total de la conspiración. Según la cobertura de prensa, los hechos más concretos atribuidos a Gómez Parra, como las grabaciones y la incautación, son de 2024. El tribunal de apelación tendrá que decidir si basta con que la conspiración en su conjunto se prolongue más allá de mayo de 2025 o si debe existir conducta individual posterior a esa fecha. Esa respuesta afectará a otros costarricenses con solicitudes pendientes: según Infobae, en agosto había 24, veinte de ellas presentadas por Estados Unidos.

La DEA sin convenio: ¿un problema para la extradición o para el juicio?

El juez de San José remitió esta cuestión a los tribunales de Arizona, y eso tiene consecuencias. En Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió en United States v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259 (1990) que la Cuarta Enmienda, que protege frente a registros e incautaciones irrazonables, no ampara a ciudadanos extranjeros sin vínculos con Estados Unidos frente a actuaciones de agentes estadounidenses en el extranjero. Por eso, que la DEA operara en Costa Rica sin un convenio formal no conduce automáticamente a excluir la prueba en un tribunal federal. La defensa en Arizona tendrá que construir otros argumentos: la fiabilidad del informante, la cadena de custodia de las grabaciones, la traducción, o si la actuación fue tan grave que vulnera el debido proceso.

Qué ocurriría en Arizona si se confirma la extradición de La Güera

Si se confirma la extradición, el caso se tramitaría en el Distrito de Arizona, cuyas apelaciones revisa el Noveno Circuito. Los cargos de cocaína de esta magnitud suelen llevar una pena mínima obligatoria de 10 años. En los casos costarricenses anteriores, la entrega quedó condicionada a que Estados Unidos garantizara que no impondría cadena perpetua ni una pena superior a 50 años, y que solo juzgaría al acusado por los delitos autorizados (principio de especialidad). Previsiblemente, se exigirán las mismas garantías en este caso.

Preguntas frecuentes

¿Costa Rica extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos?

Desde la reforma del artículo 32 de la Constitución, en vigor desde el 28 de mayo de 2025, sí, pero solo por narcotráfico y terrorismo, y siempre con una decisión judicial previa.

¿Se puede extraditar a un costarricense por hechos anteriores a la reforma?

Es la cuestión que hoy divide a los tribunales. Algunas resoluciones han negado la extradición cuando todos los hechos eran anteriores a mayo de 2025; otras la han concedido, en especial cuando la conducta imputada continuó después de esa fecha.

¿La apelación suspende la entrega?

Sí. Mientras el recurso esté pendiente, la persona no puede ser entregada a Estados Unidos.

¿Dónde se discute la prueba de la DEA?

Según el tribunal de San José, en el juicio en Estados Unidos. El juez de extradición revisa los requisitos de la solicitud, no la validez de la prueba ni la culpabilidad.

Lo que esto significa para un acusado y su familia

En una extradición hay dos frentes: el procedimiento en el país que entrega a la persona y la defensa en el tribunal federal estadounidense. Las decisiones que se toman en el primero, como las garantías, la especialidad o las fechas de los hechos, condicionan lo que se puede hacer en el segundo. Por eso conviene coordinar ambos desde el principio.

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