Mercado & Rengel

Abogados-Madrid, España; Boston y Miami

Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit: extradición a EE. UU. por un fraude con IA de 129 millones. Qué pasa ahora en España y en Nueva York

Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit: extradición a EE. UU. por fraude con IA - Mercado & Rengel abogados Boston Miami Madrid

En resumen: la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York acusa a Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit de clonar con inteligencia artificial la voz y la imagen de consejeros delegados y abogados para desviar más de 129 millones de dólares. Soall y Hazan fueron detenidos en España y Sheetrit en el Reino Unido. Estados Unidos ha pedido su extradición.

Si usted o un familiar está detenido en España a petición de Estados Unidos, las decisiones de las primeras semanas (declarar o no, consentir o no la extradición, cuándo hablar con la Fiscalía estadounidense) condicionan todo lo que ocurrirá después en el tribunal federal. Mercado & Rengel trabaja a ambos lados del Atlántico, con oficinas en Boston, Miami y Madrid. Contacte con nosotros para una consulta confidencial.

¿Necesita asesoramiento sobre su caso?

Escribir por WhatsAppSolicitar consulta

El 5 de noviembre de 2026, la Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y el FBI hicieron público un escrito de acusación (indictment) contra tres ciudadanos extranjeros por un presunto fraude a empresas de todo el mundo. Según el Gobierno, entre 2024 y 2026 el grupo utilizó lo que la Administración denomina «superinteligencia» (SI), es decir, inteligencia artificial, para suplantar a directivos y abogados y conseguir que empleados de las víctimas transfirieran fondos a cuentas controladas por la organización.

Más allá de los titulares, el caso es un ejemplo de manual de algo que vemos con frecuencia en nuestro despacho: personas que viven en España, a veces sin haber pisado nunca Estados Unidos, son acusadas ante un tribunal federal estadounidense y detenidas aquí en virtud de una solicitud de extradición. Explicamos qué dice la acusación, qué va a pasar ahora en España, en el Reino Unido y en Nueva York, y qué decisiones conviene tomar desde el primer día.

Qué dice la acusación

Según el escrito de acusación, el método se repetía: un empleado recibía una llamada de quien parecía ser el consejero delegado de su empresa, que le hablaba de una operación confidencial. La voz, y en algunos casos la imagen, se habrían generado con IA. Después se le ponía en contacto con supuestos abogados de grandes despachos internacionales, también suplantados, y finalmente se le pedía que transfiriera el dinero. Los fondos habrían llegado a cuentas en Estados Unidos, España, Portugal, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Austria, Eslovaquia y China, y se habrían convertido en criptomonedas para ocultar su origen.

Entre las víctimas citadas hay dos sistemas hospitalarios (Misuri y California), un banco de Rhode Island, una gestora de fondos de Massachusetts, una empresa de alimentación para mascotas de Florida y una fintech británica que habría perdido más de 11,5 millones de dólares. Quartz, citando a NBC News, sitúa la actividad entre julio de 2024 y febrero de 2026.

Quiénes son los acusados

Jacob Soall (41 años), residente en Marbella y en el Reino Unido, también conocido como «Seba Clarke» y «Rocky Balboa». Detenido en España el 17 de junio de 2026 por la Policía Nacional. La Fiscalía le atribuye el papel de falso abogado británico y afirma que usaba un guion manuscrito titulado «Lawyer Call», pensado para que los empleados no comentaran las llamadas con sus compañeros.

Sharon Hazan (54 años), israelí, con alias como «Superman Cash», «Impossible Mission», «Fat Boy» y «Ron». Detenido en España el 5 de agosto de 2026. Se le acusa de blanquear los fondos. Según la Fiscalía, presumía de dedicarse al blanqueo desde 1994 y de haber movido más de 400 millones de dólares en tres años, una cifra que no se presenta como acreditada ni vinculada a esta causa. El comunicado oficial recuerda que fue condenado en 2008 en el mismo distrito por conspiración para cometer fraude bancario.

Guy Sheetrit (42 años), con residencia en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos. Detenido en el Reino Unido el 7 de septiembre de 2026 con la colaboración de la National Crime Agency. También se le atribuye el blanqueo de fondos. Según Ynet, dirige una empresa de marketing digital. Sus abogados niegan las acusaciones y sostienen que prestar servicios de ciberseguridad no implica, por sí solo, participar en los hechos.

Cada uno afronta siete cargos federales: conspiración para cometer fraude electrónico (wire fraud) y fraude electrónico, con un máximo de 20 años cada uno; dos cargos de robo de identidad agravado, con 2 años cada uno; y conspiración para el blanqueo y dos cargos de blanqueo de capitales, con un máximo de 20 años cada uno.

Más allá de los tres acusados

El escrito de acusación habla de «coconspiradores» no identificados y de miles de empresas objetivo. En casos así, la investigación no suele terminar con las primeras detenciones. Los titulares de las cuentas que recibieron fondos, quienes facilitaron el cambio a criptomonedas o quienes prestaron sociedades o servicios pueden acabar en el punto de mira, tanto en Estados Unidos como en España, donde el blanqueo de capitales también es delito. Que el dinero pasara por cuentas españolas hace probable que la colaboración entre la Policía Nacional y el FBI continúe.

Quien crea que puede estar relacionado con una investigación de este tipo, aunque no haya sido detenido ni citado, debe asesorarse antes de hablar con ninguna autoridad. A menudo existe la posibilidad de negociar con la Fiscalía federal antes de que se dicte una orden de detención internacional.

Qué ocurre ahora en España: la extradición paso a paso

La extradición a Estados Unidos se rige por el Tratado de Extradición entre España y EE. UU. de 1970, modificado por varios tratados suplementarios y por el Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y Estados Unidos de 2003. La Ley 4/1985 de Extradición Pasiva se aplica de forma supletoria. En la práctica, el procedimiento sigue estas fases:

1. Detención y puesta a disposición judicial. La persona es detenida en virtud de una orden internacional y llevada ante un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que decide sobre la prisión provisional o la libertad con medidas cautelares.

2. Demanda formal de extradición. Estados Unidos dispone de un plazo tasado para presentar la solicitud formal por vía diplomática, acompañada del indictment, la orden de detención y una declaración jurada de la Fiscalía.

3. Comparecencia y posible consentimiento. El reclamado comparece ante el juez y se le pregunta si consiente su entrega. Si consiente, se aplica un procedimiento simplificado y la entrega puede producirse en semanas. Es una decisión estratégica, no un trámite.

4. Decisión de la Sala de lo Penal. Si no hay consentimiento, una sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra vista y decide si la extradición es procedente. Se examinan, entre otros, la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), la suficiencia de la documentación, la prescripción, las garantías de derechos fundamentales y, en su caso, la nacionalidad española del reclamado. La resolución puede recurrirse en súplica ante el Pleno de la Sala.

5. Decisión del Gobierno. Si los tribunales la declaran procedente, el Consejo de Ministros tiene la última palabra.

Dos cuestiones merecen atención especial. Primera, el tratado no obliga a España a entregar a sus propios nacionales, aunque permite hacerlo, por lo que la nacionalidad del reclamado puede ser relevante. Segunda, rige el principio de especialidad: la persona extraditada solo puede ser juzgada en Estados Unidos por los hechos por los que se concedió la extradición. Por eso es importante analizar desde el principio qué cargos figuran en la solicitud.

Y en el Reino Unido

Sheetrit está sometido a un procedimiento distinto, bajo la Extradition Act 2003 británica. El caso se ve ante el Westminster Magistrates’ Court, la decisión final corresponde al Ministerio del Interior y cabe recurso ante el High Court. Los procedimientos británicos pueden prolongarse durante meses o años si la defensa los recurre.

Qué les espera en Nueva York

Una vez extraditados, los acusados comparecerían ante un juez federal en Manhattan. En casos con acusados extranjeros sin arraigo en Estados Unidos, la Fiscalía suele pedir prisión preventiva, y conseguir la libertad bajo fianza exige preparar muy bien la vista de detención. Después viene la fase de discovery, en la que el Gobierno entrega la prueba: grabaciones, mensajes, registros bancarios y de criptomonedas, y en este caso posiblemente el guion manuscrito que menciona la acusación.

En materia de penas, el máximo legal teórico suma 104 años, pero la cifra real depende de las Directrices federales de imposición de penas (Sentencing Guidelines). En los delitos de fraude, el factor que más pesa es la pérdida atribuida: una pérdida superior a 65 millones de dólares añade 24 niveles a la puntuación base, a lo que pueden sumarse agravantes por número de víctimas o por métodos sofisticados. El robo de identidad agravado conlleva además dos años obligatorios que se cumplen de forma consecutiva. A ello se suman la restitución a las víctimas y el decomiso de bienes.

Un dato que muchas familias desconocen: el tiempo pasado en prisión en España a la espera de la extradición puede descontarse de la condena en Estados Unidos, siempre que no se haya computado en otra causa. Conviene documentarlo con precisión desde el principio.

Las claves de la defensa en un caso de deepfakes

Sin opinar sobre este caso concreto, los procesos por fraude con suplantación mediante IA plantean cuestiones de defensa propias:

Atribución. Que existiera una voz clonada no prueba quién estaba al otro lado del teléfono. El Gobierno debe vincular a cada acusado con cada llamada, cuenta y transferencia.

Conocimiento. En el delito de blanqueo, la Fiscalía debe probar que el acusado sabía que el dinero procedía de una actividad ilícita. Prestar servicios técnicos o financieros no basta por sí solo, y es precisamente el argumento que ya han adelantado los abogados de Sheetrit.

Pérdida atribuible. No es lo mismo responder por los 129 millones del conjunto que por las operaciones en las que cada acusado intervino. Esta discusión puede suponer años de diferencia en la condena.

Prueba obtenida en el extranjero. Registros y comunicaciones obtenidos en España, el Reino Unido u otros países pueden plantear cuestiones de admisibilidad y de cadena de custodia.

Lo que se decide en España condiciona el juicio en Estados Unidos

El error más frecuente es tratar la extradición y el proceso estadounidense como dos asuntos separados. No lo son. Si usted o un familiar ha sido detenido en España a petición de EE. UU., estos son los primeros pasos:

No declare sobre el fondo de los hechos. El procedimiento de extradición no decide la culpabilidad, y lo que se diga en España puede llegar a la Fiscalía estadounidense.

No consienta la extradición sin analizar antes el caso americano. Consentir puede acelerar la entrega y abrir la puerta a una negociación, pero también supone renunciar a defensas que solo se pueden plantear en España.

Obtenga cuanto antes el indictment y la demanda de extradición y haga que los revise un abogado penalista federal estadounidense.

Abra la vía de comunicación con la Fiscalía federal. Un abogado en EE. UU. puede hablar con el fiscal del caso mientras el procedimiento sigue en España, valorar una posible colaboración y preparar la vista de detención en Nueva York.

Documente el arraigo y el tiempo en prisión. Familia, trabajo, domicilio y fechas de detención serán relevantes tanto ante la Audiencia Nacional como ante el juez federal.

Por qué Mercado & Rengel

Mercado & Rengel es un despacho transfronterizo con oficinas en Boston, Miami y Madrid. Tenemos experiencia ante numerosos tribunales federales de Estados Unidos, entre ellos los del Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Sur de Florida, Massachusetts y Puerto Rico, y trabajamos junto a abogados colegiados en España para coordinar ambos procedimientos. Esto nos permite hacer lo que pocos despachos pueden: acompañar a la persona reclamada y a su familia desde la detención en España hasta la sala del tribunal federal, coordinando ambos procedimientos con una sola estrategia y en su idioma.

Si usted, un familiar o un cliente de su despacho se encuentra en esta situación, contacte con nosotros. La consulta es confidencial.

Preguntas frecuentes

¿Puede España extraditar a Estados Unidos a alguien que vive en Marbella?
Sí. España y Estados Unidos tienen un tratado de extradición en vigor desde 1971. La Audiencia Nacional examina si se cumplen los requisitos y, si la extradición se declara procedente, el Gobierno toma la decisión final. La persona reclamada tiene derecho a defensa en todas las fases.

¿Cuánto tarda una extradición desde España a Estados Unidos?
Depende sobre todo de si el reclamado consiente. Con consentimiento, la entrega puede producirse en pocas semanas. Si se opone y se recurren las resoluciones, el procedimiento puede durar muchos meses.

¿Es mejor consentir la extradición?
No hay una respuesta general. Consentir puede facilitar una negociación con la Fiscalía y acortar el tiempo en prisión preventiva, pero supone renunciar a defensas que solo pueden plantearse en España. La decisión debe tomarse conociendo el caso estadounidense.

¿Se descuenta en EE. UU. el tiempo en prisión en España?
Por regla general sí, si ese tiempo se pasó a la espera de la extradición por la misma causa y no se ha computado en otra condena. Conviene acreditarlo documentalmente.

¿Qué es un «indictment» federal?
Es el escrito de acusación aprobado por un gran jurado federal. Supone que hay indicios suficientes para llevar el caso a juicio, pero no es una condena: el Gobierno debe probar cada cargo más allá de toda duda razonable.

Presunción de inocencia: un escrito de acusación es una mera acusación. Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad. Este artículo se basa en el comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. y en información publicada en medios de comunicación. Mercado & Rengel no representa a ninguna de las partes en este procedimiento. El contenido es meramente informativo y no constituye asesoramiento legal ni crea una relación abogado-cliente.

¿Necesita asesoramiento sobre su caso?

Escribir por WhatsAppSolicitar consulta