En lo que va de octubre de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts ha llevado ante el tribunal federal de Boston una sucesión casi diaria de casos contra ciudadanos dominicanos. No son casos estatales. Son acusaciones federales, con mínimos obligatorios, y en varias de ellas el cargo migratorio se suma al cargo de drogas. Esta es la fotografía del mes y lo que significa en años de prisión.
Los casos de octubre en el tribunal federal de Boston
Leonardo Andujar Sanchez. El 15 de octubre se declaró culpable ante el tribunal federal de Boston de poseer más de 4,5 kilogramos de fentanilo y un fusil de asalto tipo AR. Según la Fiscalía, el registro de su habitación en el Quality Inn de Revere, el 27 de diciembre de 2024, localizó además munición, tres cargadores, balanzas digitales y guantes de látex en cantidad. El caso lo investigó la ATF con apoyo de la Fiscalía del condado de Suffolk y la Policía de Revere. (Nota de prensa de la Fiscalía, 15 de octubre de 2026)
Richard Molina-Ovalle y Jose Molina-Ovalle. El 7 de octubre un gran jurado federal los acusó de conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo en el condado de Worcester. Según la acusación, el registro de la residencia de Jose Molina-Ovalle, ciudadano dominicano, arrojó unos 4,5 kilogramos de fentanilo, un kilogramo de cocaína, sustancias de corte y una cantidad elevada de efectivo. (Nota de prensa de la Fiscalía, 7 de octubre de 2026)
Andri Pimentel Arias. El 2 de octubre, tras un juicio de cuatro días, un jurado federal en Nuevo Hampshire lo declaró culpable de conspirar para distribuir más de 400 gramos de fentanilo. Tenía 23 años. La investigación de la DEA se dirigía contra una organización asentada en Lawrence, Massachusetts, que distribuía en Nuevo Hampshire y Massachusetts. La sentencia está fijada para el 7 de enero de 2027. (Nota de prensa de la DEA, 6 de octubre de 2026)
A esos casos se suman, solo entre el 13 y el 15 de octubre, varias declaraciones de culpabilidad de ciudadanos dominicanos residentes en Lawrence y Salem, algunas por reingreso ilegal tras deportación. Todas pueden consultarse en las notas de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts.
Lo que de verdad decide la pena: el mínimo obligatorio
La cifra que importa en estos casos no es el peso incautado sino el umbral legal que ese peso activa. En el sistema federal, la conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo conlleva un mínimo obligatorio de diez años de prisión y un máximo de cadena perpetua, con al menos cinco años de libertad supervisada. Cuarenta gramos activan un mínimo de cinco años.
Un mínimo obligatorio significa que el juez no puede bajar de ahí, por favorables que sean las circunstancias personales, salvo que concurra una vía legal específica: la safety valve, para acusados sin antecedentes relevantes y que cumplan cinco condiciones estrictas, o una solicitud del fiscal por cooperación sustancial. Fuera de esos dos supuestos, la cifra es la cifra.
Por eso la cantidad imputada es el primer campo de batalla de la defensa, y por eso conviene discutirla antes de cualquier acuerdo, no después.
El cargo migratorio que se suma
En varios de los anuncios de este mes el título de la Fiscalía encabeza con la situación migratoria del acusado, no con el delito. Esa no es solo una decisión de comunicación. Varios casos acumulan, junto al cargo de drogas, un cargo de reingreso ilegal tras deportación, que conlleva pena propia y, según los antecedentes, agravantes que elevan el máximo de forma considerable.
La consecuencia práctica es doble. La pena total puede superar con mucho lo que el acusado y su familia esperaban al mirar solo el cargo de drogas. Y al terminar la condena, el proceso de remoción continúa. Una defensa que resuelve bien lo penal y descuida lo migratorio deja el trabajo a medias.
La conexión con la extradición
El Distrito de Massachusetts no recibe solo a personas detenidas en Nueva Inglaterra. También recibe a dominicanos entregados en extradición desde Santo Domingo. En un caso anunciado en mayo de 2026 en este mismo distrito, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia coordinó con las autoridades dominicanas la detención y entrega de un acusado para responder ante el tribunal federal de Boston por empresa criminal continuada, narcotráfico y lavado de activos.
Es el mismo circuito que describimos en nuestra guía sobre la extradición a Estados Unidos: el decreto se firma en Santo Domingo, pero el caso se gana o se pierde en el tribunal federal estadounidense, y casi siempre antes de la entrega.
Qué hacer si afecta a su familia
Tres preguntas, en este orden. Qué cantidad exacta imputa la acusación, porque de ella depende el mínimo obligatorio. Si hay cargos migratorios acumulados. Y si existe margen para la safety valve o para una negociación temprana con la Fiscalía, antes de que las posiciones se endurezcan.
Son preguntas que requieren acceso al expediente federal y un abogado habilitado ante el tribunal federal de Boston. Puede ver cómo trabajamos estos casos en nuestra página de defensa penal federal.
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Esta entrada recoge información pública difundida por la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts y por la DEA, y constituye información general sobre derecho penal federal estadounidense. No es asesoramiento legal ni crea una relación abogado-cliente. Las personas acusadas y no condenadas gozan de la presunción de inocencia mientras su culpabilidad no se pruebe más allá de toda duda razonable. Mercado & Rengel no representa a las personas mencionadas en esta entrada.
